La Fiscalía de Esquel abrió una investigación por una presunta serie de estafas y desvío de fondos públicos cometidos entre 2023 y 2024 en la Escuela N.º 779 de Corcovado, maniobras que habrían permitido sustraer partidas destinadas a la compra de alimentos a través de facturas apócrifas y cheques cobrados de forma irregular.
Los imputados son Emiliano Figueroa, exdirector del establecimiento, y Alejandro Altamirano, inscripto como proveedor de servicios. De acuerdo con lo expuesto por la fiscal general jefa María Bottini y el funcionario Julián Forti, ante el juez Jorge Criado, ambos participaron de un esquema que incluía la emisión de facturas falsas, compras inexistentes y el cobro directo de cheques en el Banco del Chubut.
Según la investigación, entre mayo de 2023 y 2024, Figueroa habría gestionado y cobrado al menos 15 cheques, utilizando facturas emitidas por Altamirano a nombre de proveedores que nunca entregaron mercadería o que figuraban con rubros distintos a los autorizados. En los registros contables se asentaban compras ficticias y los alimentos supuestamente adquiridos nunca ingresaban a la escuela, incluyendo productos que ni siquiera formaban parte del menú escolar como pollo o tapas de empanadas.
El mecanismo se habría repetido en múltiples oportunidades: Altamirano confeccionaba la factura apócrifa, Figueroa cobraba el cheque por ventanilla y luego se ocultaba la maniobra mediante registros contables falsos. Esto implicó el presunto desvío de fondos públicos, en incumplimiento de la Resolución 1745 y de la normativa contable del Ministerio de Educación.
Por estas acciones, el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Figueroa 31 hechos de peculado en concurso ideal con uso de documento público falso, todos en concurso real y en carácter de autor. Altamirano, en tanto, fue imputado por 29 hechos de las mismas figuras penales, en carácter de partícipe primario.
El juez Criado consideró que existen elementos suficientes para habilitar la investigación preparatoria, que se desarrollará durante los próximos seis meses, e hizo lugar al pedido de la Fiscalía para avanzar con pericias, auditorías contables y nuevas medidas de prueba destinadas a esclarecer el alcance total de las maniobras.
