La jueza Loretta Preska formalizó la anulación de la sentencia que obligaba al país a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera. Ahora, la definición dependerá de la Corte Suprema estadounidense, que deberá decidir si acepta revisar el caso.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó formalmente sin efecto la sentencia de primera instancia contra la Argentina en el juicio por la estatización de YPF y dio por concluida su intervención en esa etapa del proceso.
La resolución se ajusta al fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo revocó la condena dictada en 2023 y cuestionó la interpretación de la legislación argentina utilizada para fundamentarla.
La sentencia original obligaba al país a pagar US$16.100 millones, una cifra que superaba los US$18.000 millones al contabilizar los intereses. El litigio se originó por la expropiación de YPF realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La decisión ahora depende de la Corte Suprema
La Cámara de Apelaciones consideró que la legislación argentina sobre expropiaciones impedía las demandas de terceros que interfirieran con ese proceso. También sostuvo que el estatuto de YPF no constituía un contrato bilateral entre accionistas que habilitara reclamos por daños.
El fallo fue adoptado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes. En junio, el pleno del tribunal rechazó un pedido para revisar la decisión, con lo que quedó agotada esa instancia de apelación ordinaria.
Ahora, la disputa se trasladó a la Corte Suprema de Estados Unidos. A principios de octubre, el fondo Burford Capital, que financia la demanda presentada originalmente por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó un recurso para intentar que el máximo tribunal revise el caso.
Sin embargo, la Corte Suprema no está obligada a aceptar el planteo. Recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes de revisión por año y suele admitir alrededor de 80 expedientes, sin un plazo establecido para resolver si interviene.
Burford también abrió un reclamo arbitral
En paralelo al proceso judicial estadounidense, Burford Capital inició un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
De esta manera, aunque la condena millonaria de primera instancia quedó formalmente sin efecto, el conflicto todavía tiene instancias pendientes de resolución.
