La Justicia Federal allanó centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en la ciudad y provincia de Buenos Aires, así como en Santa Fe, en busca de información sobre 49 casos sospechosos de intermediación ilegal en la entrega de recién nacidos por subrogación de vientre a ciudadanos extranjeros.
La investigación, iniciada en enero a raíz de una denuncia de la Cancillería, se centra en la posible explotación de mujeres argentinas en situación de vulnerabilidad para la gestación de bebés que luego son entregados a parejas extranjeras.
Los operativos, ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y solicitados por la fiscal federal Alejandra Mángano, se realizaron en el marco de una investigación por «turismo reproductivo» que involucra a agencias de selección de gestantes, clínicas de fertilidad y escribanos.
Se sospecha que las mujeres gestantes eran contactadas a través de redes sociales y se les ofrecía una suma de dinero a cambio de llevar adelante el embarazo.
«La compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional», advirtió la fiscalía.
En el caso que desencadenó la investigación, una ciudadana alemana de 58 años llegó a un hospital con un bebé de tres meses de nacionalidad argentina en muy mal estado de salud.
La Justicia de Alemania le retiró la custodia del bebé a la mujer y lo entregó a una familia sustituta.
La investigación continúa con el objetivo de determinar la responsabilidad de las personas y empresas involucradas en esta presunta red de tráfico de bebés.