En Río Grande, la ciudad más poblada de Tierra del Fuego, quienes requieren acceder al aborto en el sistema público de salud encuentran barreras.
El Hospital Regional que es el único de la ciudad donde podría realizarse la práctica, no garantiza este derecho, avalado por la ley 27.610, y en cambio deriva sistemáticamente a las personas a un consultorio de atención primaria.
En los casos en que las mujeres requieren internación para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo deben trasladarse más de 200 kilómetros hasta Ushuaia, único hospital de la provincia que garantizaría la práctica.
Esto pone de manifiesto el mapa desigual en el acceso a la salud sexual y reproductiva en nuestro país. Las mujeres que viven en centros urbanos alejados de las capitales provinciales aún no pueden acceder al aborto por la falta de disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado.
“La Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un problema de salud pública. La persistencia de barreras demuestra que para que aquella conquista sea una realidad es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad de la prestación en todos los rincones del país” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Qué dice la ley
Tanto el sector público como el privado tienen el deber de garantizar el acceso al aborto de forma segura y gratuita en un plazo de diez días. La objeción de conciencia invocada por profesionales de ninguna manera exime a los establecimientos de sus obligaciones. Cuando no se asegura el acceso en el plazo adecuado y mediante un trato digno, el hospital falta a sus obligaciones.
La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha denunciado estas barreras, y exige la adopción de medidas. A ello se suma que recientemente cobró visibilidad el caso de una mujer cuya salud se vio gravemente en riesgo a causa de estos obstáculos.
Pedido de información a todo el país
Durante junio, Amnistía Internacional envió pedidos de acceso a la información pública a todos los ministerios de salud del país, incluido el de Tierra del Fuego, requiriendo datos sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso al aborto. Dicha presentación fue reiterada hoy junto a una solicitud de reunión con las autoridades sanitarias locales, responsables de garantizar el acceso a ese derecho.
Finalmente, la organización recuerda que en su sitio web ha puesto a disposición un formulario para toda persona que haya encontrado barreras en el acceso a la interrupción del embarazo.
