Esta mañana se inició en los tribunales locales la audiencia preliminar de una de las causas más sensibles de los últimos tiempos: la muerte de un niño de tres años que quedó solo en un departamento y falleció en un incendio. La imputada es A. F. P., madre del pequeño, acusada del delito de “abandono de persona incapaz seguido de muerte, agravado por el vínculo”.
La fiscal Andrea Rubio expuso los lineamientos centrales de la acusación y detalló las pruebas que la fiscalía presentará en el debate oral. Sin discutir la gravedad del hecho, el defensor particular Mauro Fonteñez solicitó que se modifique la calificación legal y propuso encuadrar el caso como “homicidio culposo”.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 26 de julio de 2024, a las 3:11 horas. La imputada dejó solo en el departamento a su hijo F. P., de tres años, y cerró la puerta con llave al salir. Mientras el niño estaba sobre el sillón, se inició un foco ígneo. Los vecinos, alertados por el humo, intentaron ingresar sin éxito. Cuando lograron entrar, el pequeño ya había fallecido.
Rubio sostuvo que la imputada “asumió el riesgo” de dejar al menor solo y en condiciones de vulnerabilidad, lo que justifica la calificación de abandono seguido de muerte (artículos 106 y 107 del Código Penal). Por la expectativa de pena, requirió que el juicio se realice ante un tribunal de jurados populares.
Por su parte, el abogado Mauro Fonteñez reconoció la extrema gravedad del caso, pero enfatizó la necesidad de una descripción precisa de los hechos para garantizar el derecho de defensa. Destacó el “contexto de extrema vulnerabilidad emocional” de su defendida y argumentó que actuó bajo “una equivocada confianza” de que el niño se dormiría. Por ese motivo, postul ó la calificación alternativa de homicidio culposo.
Tras escuchar a las partes, la jueza penal Daniela Arcuri dispuso un cuarto intermedio para que la fiscalía rectifique parcialmente la descripción del hecho. Una vez cumplido ese trámite, la audiencia preliminar continuará.
El caso conmueve a la ciudad y volverá a poner en el centro del debate judicial la responsabilidad de los adultos a cargo de niños en situación de extrema vulnerabilidad.
