La Justicia de Mar del Plata condenó a tres empresas de manera solidaria a indemnizar con $59.280.458,50 a los propietarios de una camioneta 4×4 que, pocos meses después de ser adquirida como 0 km, comenzó a presentar reiteradas fallas en el sistema de inyección y alimentación de combustible.
El vehículo había sido comprado en 2020 por un hombre de 50 años y una mujer de 43 en una concesionaria oficial, por $4.420.000, para utilizarlo tanto en actividades familiares como laborales.
Durante los primeros tres años, la camioneta registró cuatro desperfectos relevantes. El primero ocurrió en abril de 2021, con apenas 10.520 kilómetros, cuando se produjo una pérdida de combustible. En agosto de 2022, con 39.337 kilómetros, el motor se apagó y fue necesario reemplazar un inyector.
Un mes después volvió a presentar problemas y se cambiaron otros tres inyectores. La última falla de importancia ocurrió en julio de 2023, durante un viaje familiar por una ruta nacional: el vehículo ingresó en “modo emergencia” y los propietarios debieron regresar circulando a baja velocidad.
En total, la camioneta permaneció 91 días fuera de servicio, siempre en talleres oficiales. Los compradores cuestionaron que durante ese período no recibieron una explicación técnica definitiva sobre el origen de los problemas ni un vehículo sustituto.
La Justicia cuestionó cómo se atendieron las fallas
El caso fue resuelto por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de Mar del Plata, que analizó la situación bajo las normas de defensa del consumidor.
Para el tribunal, las reiteradas reparaciones no fueron suficientes para solucionar el problema de fondo. La pericia mecánica incorporada al expediente determinó que se habían reemplazado componentes, pero no existía un diagnóstico causal documentado que explicara la repetición de las fallas ni pruebas de una solución definitiva.
El juzgado consideró que la garantía no puede limitarse a cambiar piezas cada vez que aparece un desperfecto, sino que debe garantizar que el vehículo vuelva a cumplir su función de manera segura y previsible.
También señaló que las empresas se encontraban en mejores condiciones para aportar información técnica sobre el funcionamiento y las reparaciones de la unidad, algo que, según la resolución, no ocurrió de manera suficiente durante el proceso.
Las compañías habían rechazado la responsabilidad solidaria y argumentaron que las reparaciones se realizaron conforme a los procedimientos correspondientes.
Cuánto deberán pagar
La indemnización establecida por el juzgado quedó conformada por distintos conceptos.
Por privación de uso y gastos de movilidad, se fijaron $5.200.000, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual los propietarios no pudieron disponer de la camioneta y los gastos derivados de los traslados alternativos.
El daño moral fue establecido en $15.433.649, mientras que por daño punitivo se impuso una multa de $38.646.809,50.
Este último concepto fue fundamentado por el tribunal en la necesidad de desalentar prácticas deficientes en la gestión de garantías y evitar que los consumidores terminen soportando las consecuencias de fallas reiteradas.
Además, la sentencia ordenó que, una vez que quede firme, se publique un extracto del fallo en un medio de circulación local.
El juzgado también dispuso comunicar la resolución a organismos provinciales y municipales de defensa del consumidor, debido a las deficiencias que consideró acreditadas en materia de garantía, seguimiento técnico, información posventa y atención a los compradores.
La sentencia establece asimismo que, si las empresas apelan, deberán depositar previamente el monto correspondiente a la condena, intereses y costas para que el recurso sea admitido. Según la liquidación incorporada al expediente, esa suma alcanza los $79.845.489,79.
