La Procuración General de la Nación ha respaldado al Gobierno nacional al dictaminar que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de Chubut por los fondos de la coparticipación federal. Si bien el pronunciamiento de la Procuración no es vinculante, abre un abanico de posibilidades, incluyendo la retroacción del planteo de Chubut.
El gobierno de Chubut presentó una medida cautelar ante la justicia federal de la provincia en contra del Gobierno nacional por el recorte en el envío de fondos, argumentando una deuda impaga. La medida cautelar fue acogida favorablemente en una primera instancia.
La Procuración describió en su dictamen que Chubut solicitó y obtuvo una medida cautelar autosatisfactiva que ordenaba al Estado Nacional el cese de la retención de fondos en concepto de reembolso de préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Esto se refiere a las sumas que la provincia recibe en virtud del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Ante el dictado de la cautelar, el Ministerio de Economía planteó la inhibitoria del juez federal de Rawson Hugo Sastre y la «competencia originaria» de la Corte Suprema. El Gobierno nacional solicitó que el caso saliera de la jurisdicción de la justicia federal de Chubut y pasara directamente a la Corte, argumentando que la cuestión planteada excede el interés provincial y tiene un impacto en el conjunto de las provincias.
La procuradora adjunta Laura Monti respaldó al Gobierno nacional al afirmar que en este conflicto es la provincia la que denuncia el incumplimiento de leyes federales por parte del Estado Nacional en relación con los acuerdos suscritos entre ambas partes. Según Monti, este es un planteo exclusivamente federal que descarta la naturaleza conjunta, federal y local, que se pretende asignar a la controversia.
El dictamen de la Procuración abre la posibilidad de que la Corte Suprema intervenga en el caso y determine el curso del reclamo de Chubut por los fondos de coparticipación.
