El Gobierno no sólo quiere que los aumentos salariales se pacten por debajo de la inflación, incluso pese a la suba que hubo en marzo del 3,4% del costo de vida, sino que también está decidido a no homologar las cláusulas de los convenios que considera inviables, como las contribuciones empresariales para las obras sociales que acuerdan algunos sindicatos con las cámaras.
Pero, en este contexto de presión de las bases por recomponer los sueldos, la actitud oficial, que materializará la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, podría desatar varias guerras simultáneas.
Según publica Infobae, uno de los casos que se perfila como más conflictivo es el último acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri.
En esta línea, el Gobierno analiza una homologación parcial porque se objetan dos puntos: el aumento de la cuota solidaria del 2% al 2,5%, por encima del tope fijado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, y la contribución empresarial para OSECAC, la obra social de Comercio, que pasó de $8 mil pesos mensuales por trabajador a $28 mil, un aumento que el Gobierno considera desmesurado.
La ayuda para la obra social de Comercio, la más importante del país, es de un enorme impacto económico: en un universo de 1.200.000 trabajadores, el sindicato recibirá cada mes 33.600.000.000 de pesos.
Aún resuena en Comercio la traumática situación que se registró a mediados de 2025, cuando Cavalieri firmó un aumento del 5,4%, distribuido en tres tramos (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que se ubicó por encima de la pauta salarial del 1%, y por eso el Gobierno se negó a homologarlo y abrió un fuerte conflicto.
La paritaria mercantil recién se pudo homologar en agosto pasado luego de que Cavalieri y las cámaras empresariales rubricaron un acuerdo para el segundo semestre de 2025 en el que quedaron incluidos aquellos montos.
