El Gobierno nacional generó una fuerte controversia tras la publicación de la Resolución 187/2025, que utiliza términos despectivos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para categorizar a personas con discapacidad intelectual. La resolución, publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero, ha sido duramente criticada por especialistas y organizaciones de derechos humanos.
La medida clasifica a las personas con discapacidad intelectual en tres grupos según su nivel de funcionalidad, utilizando la terminología considerada ofensiva. Esta clasificación ha sido calificada como una violación de acuerdos internacionales contra la discriminación.
Diversas organizaciones han expresado su repudio a la decisión, denunciando la falta de sensibilidad y el daño que este tipo de lenguaje puede causar. El profesor universitario Julen Bollain, Doctor en Estudios sobre Desarrollo, señaló que la resolución «viola acuerdos internacionales contra la discriminación» y la calificó como una «barbaridad».
