El Vaticano informó que el Tribunal Especial de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación declararon culpable de abusos al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), luego de alcanzar la “certeza moral” sobre su responsabilidad.
Buela, quien murió en Génova en 2023, fue hallado culpable de múltiples delitos contemplados en el canon 1395 § 2 del Código de Derecho Canónico, referido a delitos contra la moral sexual. Según la información difundida por el Vaticano, alrededor de veinte seminaristas habían denunciado abusos por parte del sacerdote desde la década de 2000.
La decisión representa la culminación de un proceso judicial eclesiástico desarrollado en dos instancias. El comunicado fue firmado por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; el obispo José Antonio Satué Huerto, de Teruel y Albarracín; y la hermana Clara Echarte.
El pronunciamiento también plantea una separación entre la conducta personal del fundador y el carisma de los institutos que creó. Según expresaron los responsables del comunicado, la decisión busca contribuir al restablecimiento de la verdad y constituir un acto de justicia hacia quienes sufrieron daños. También apunta a la revisión y renovación de la espiritualidad, la formación y el apostolado de los institutos.
El Instituto del Verbo Encarnado fue fundado en Argentina en 1984 por Buela y actualmente tiene presencia en numerosos países de los cinco continentes. Sus actividades están vinculadas con la evangelización de la cultura, obras de caridad, apostolado, misiones populares, ejercicios espirituales y medios de comunicación.
Las denuncias contra Buela habían tomado relevancia en 2010, cuando se lo acusó de conductas inapropiadas contra jóvenes integrantes del IVE, además de abuso sexual, abuso de poder y abuso de conciencia. La Santa Sede revisó la investigación y suspendió al sacerdote.
Buela negó las acusaciones y presentó un documento de defensa de 119 páginas, en el que sostuvo que la Conferencia Episcopal Argentina conspiraba contra él para desestabilizar al IVE. Sin embargo, la investigación de la Santa Sede concluyó que sus afirmaciones sobre ese supuesto complot no eran creíbles y consideró creíbles las acusaciones de abuso en su contra.
