El viernes pasado, un hecho protagonizado por una mujer boliviana en el hospital San Vicente de Paul de Orán ha reavivado el debate en la comunidad sobre la medida discriminatoria implementada por el gobierno de Salta, que exige el pago de servicios médicos a los extranjeros.
Según informó el director del hospital, Alejandro Fabián Valenzuela Pérez, la mujer abandonó indignada el lugar cuando se le informó sobre los costos del servicio médico en la admisión. Sin embargo, regresó durante la madrugada en pleno trabajo de parto y fue atendida debido a la urgencia de la situación.
Una vez dada de alta, a ella y a su bebé, se les entregó la cuenta del parto y el servicio pediátrico, que ascendía a $250 mil. La mujer, entre gritos y protestas, se escapó sin pagar, lo que llevó a las autoridades a buscarla y presentar una denuncia judicial en su contra.
La provincia de Salta es la única en el país que aplica desde febrero el cobro obligatorio a los extranjeros por la atención en hospitales públicos. El gobernador Gustavo Sáenz emitió un decreto que establece el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que sean residentes transitorios y precarios en los hospitales provinciales. Sin embargo, la atención de urgencia o en emergencias está garantizada para todos, independientemente de su categoría migratoria.
El decreto establece que el Estado provincial buscará los medios necesarios para recuperar los gastos ocasionados, lo cual es lo que ha hecho el hospital de Orán. Ahora será la Justicia la encargada de resolver la situación.
La comunidad salteña ha mostrado su descontento con esta medida discriminatoria, a pesar de que el gobierno argumenta que el sistema sanitario se encuentra sobrecargado debido a la alta demanda de atención médica de los extranjeros en las localidades fronterizas.
La preocupación generada por esta restricción en el país vecino llevó al alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, a visitar la provincia y reunirse con funcionarios para proponer un acuerdo que establezca un marco de previsibilidad en el cobro de servicios de salud, manteniendo una relación cordial entre el Gobierno de Salta y la región boliviana vecina.
El subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, quien representó al Ministerio de Salud Pública en la reunión, afirmó que se analizará un convenio mediante el cual la Alcaldía de Tarija se haría cargo de los costos de atención médica de los ciudadanos tarijeños en Salta.
Hasta el momento, no se ha llegado a una resolución y el escándalo en Orán ha vuelto a poner en agenda este tema.
