La intendente de Quilmes realizó una autodenuncia tras la publicación de un portal periodístico.
Cooperativas de trabajo vinculadas a las mismas personas que funcionaban como “empresas de un mismo holding”, contratadas por el Municipio de Quilmes sin que esas contrataciones estuvieran “debidamente justificadas, ni por las necesidades del trabajo ni por los montos”. Esta conclusión preliminar se desprende del entrecruzamiento de datos recabados, hasta ahora, por los investigadores judiciales en el expediente que tramita en la Justicia Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo.
La causa investiga desde hace dos meses las posibles irregularidades en los pagos por $671 millones a cooperativas y empresas vinculadas a funcionarios, ex funcionarios de ese Municipio y allegados, a partir de una publicación del sitio El Disenso. Se abrió luego de una “autodenuncia” de la propia intendenta, Mayra Mendoza, quien se presentó ante la Justicia Federal de Quilmes a través de un abogado del Municipio, y pidió que “se investigue la denuncia de un portal periodístico que pretende divulgar información falsa y maliciosa”. En el expediente aumenta, semana a semana, la información recabada, y hay un abanico de personas, sociedades. cooperativas, movimientos de dinero y bienes bajo análisis.
Están imputados, hasta ahora en la Justicia Federal de Quilmes, la propia intendenta, ya que fue quien firmó los decretos de las contrataciones directas con las cooperativas; el ex subsecretario de Hábitat de su gestión, Sebastián Raspa; el también ex funcionario del Municipio de Quilmes Martín Bordalejo; y el empresario local José Alejandro Scozzari. La carátula de la investigación lleva los posibles delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y administración fraudulenta.
“Los expedientes municipales que dan origen a los decretos firmado por Mayra Mendoza son desprolijos en cuanto a necesidades, plazos y montos, y no está debidamente justificado por parte del Municipio el motivo de la contratación de esas cooperativas. En su mayoría, son para limpieza, cortado del pasto o mantenimiento general de espacios verdes, tareas que luego de un tiempo son incomprobables. No se trata de reparaciones, por ejemplo de un techo, con un requerimiento verificable detrás”, le dijo una fuente judicial a Infobae. Diferenció estas contrataciones de las realizadas por Aysa para realizar obras, que tenían un estudio técnico previo, y hasta tenían el monto requerido detallado con centavos.
“Parecería más bien una maniobra para desviar fondos del Municipio, de los cuales luego una parte iría al bolsillo de los involucrados, y otra quizás retornaba a la política”, deslizó la fuente con acceso a las pruebas que hay en el expediente hasta el momento. “Hay contrataciones en las que las tres cooperativas que se presentan para justificar el monto adjudicado de forma directa están vinculadas a la misma persona”, agregó, en referencia a Bordalejo.
La intendenta de Quilmes aseguró en un video que publicó en la redes que las acusaciones en su contra eran “noticias falsas”, y definió las publicaciones periodísticas como una “operación mediática que busca generar odio y violencia contra el kirchnerismo”.
