El aeropuerto privado de Puerto Lobos, situado en las proximidades de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, ha sido adquirido recientemente por la empresa Manzil S.A. Investigaciones periodísticas y legislativas sugieren que esta compañía estaría vinculada con capitales de Emiratos Árabes Unidos, lo que ha despertado interrogantes sobre el destino de la infraestructura.
La compra salió a la luz durante el debate fiscal en la provincia, donde se señaló que el aeropuerto no estaba registrado para el pago de impuestos. La diputada Magdalena Odarda denunció que la transferencia podría estar conectada con la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) que YPF y la anglo-holandesa Shell planean en Punta Colorada. «Para los funcionarios, el aeropuerto no existe, por eso no tributa», cuestionó la legisladora en un artículo de opinión.
Originalmente construido por el empresario británico Joe Lewis hace 17 años, el aeropuerto cuenta con una pista de 2.200 metros de largo y 30 de ancho, dimensiones comparables con las del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Su cercanía con Sierra Grande y su proximidad al mar han generado inquietudes por su ubicación dentro de una zona de seguridad de fronteras y la falta de regulación sobre sus actividades.
Según Odarda, Manzil S.A. es controlada en un 95% por Ignacio Petrocchi Massuh y el 5% restante pertenece a Daniel Ortiz. La empresa paga un impuesto inmobiliario mensual de $129.000, pero no tributaría tasas específicas por su operación como aeropuerto. Además, la legisladora indicó que la firma podría contar con financiamiento de inversores emiratíes.
El aeropuerto podría ser un punto estratégico para el desarrollo del plan energético en la región, considerando que la planta de GNL en Sierra Grande fue anunciada tras descartar su construcción en Bahía Blanca. Este proyecto busca procesar gas proveniente de Vaca Muerta para exportación, con inversiones significativas y una posible operación en la próxima década.
Por ahora, ni los nuevos dueños del aeropuerto ni las autoridades provinciales han brindado detalles sobre su futuro. Mientras tanto, diversos sectores políticos y sociales reclaman mayor transparencia sobre las condiciones de la transacción y el impacto que podría tener en el desarrollo regional.
