El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza en la elaboración de un escrito mediante el cual buscará intimar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones sobre su situación patrimonial. La medida se encuentra vinculada a una investigación en la que, según publicaron medios nacionales, los ingresos declarados por el funcionario no alcanzarían para justificar la totalidad de los bienes registrados.
La presentación que prepara la fiscalía constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de una pericia contable encomendada a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo dependiente de la Procuración General de la Nación, con el fin de determinar el alcance de las presuntas inconsistencias.
En paralelo, también se desarrolla un análisis sobre operaciones con criptomonedas y la trazabilidad de fondos vinculados a Adorni. Según la información difundida, el funcionario aún no presentó su última declaración jurada patrimonial, pese a que hace un mes tanto él como el presidente Javier Milei habían señalado que ese documento sería dado a conocer en un corto plazo.
De acuerdo con lo publicado por La Nación, una vez que sea notificado, Adorni deberá detallar el origen de los recursos utilizados para la adquisición de los bienes observados. A partir de esa explicación, el fiscal podrá definir si corresponde avanzar con nuevas medidas o dar por concluida la investigación respecto de ese punto.
Por otra parte, el jefe de Gabinete también es objeto de otra causa judicial que tramita ante el juez Ariel Lijo. En ese expediente se analizan contratos de coproducción celebrados entre la TV Pública y la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio.
La investigación también incluye el análisis de presuntas transferencias de dinero desde esa empresa hacia Adorni antes de su llegada al cargo. En ese marco, el magistrado ordenó el cruce de registros telefónicos y estudios de geolocalización para determinar si existieron intermediaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.
