Vanesa Elizabeth Fita fue acusada formalmente junto a otras cuatro mujeres por una presunta maniobra que habría perjudicado a cientos de personas y generado movimientos de dinero superiores a los $60 millones. Gustavo Fita, diputado provincial y titular del Partido Justicialista chubutense, había reconocido el vínculo familiar.
La causa por la presunta estafa vinculada con la adjudicación de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Comodoro Rivadavia avanzó con la presentación de la acusación pública contra Vanesa Elizabeth Fita y otras cuatro mujeres. El fiscal Martín Cárcamo formalizó el planteo el jueves 8 de octubre 2026, en una investigación que, según el Ministerio Público Fiscal, comprende al menos 594 presuntos hechos y movimientos de dinero superiores a los $60 millones.
El caso también involucra un vínculo familiar con la política provincial: Vanesa Fita es hermana de Gustavo Fita, diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de Chubut.
En marzo de 2025, cuando la investigación ya había tomado estado público, a Gustavo Fita no le quedó otra que referirse directamente a la situación judicial afirmando el vínculo con la mujer: «es mi hermana».
El vínculo familiar había adquirido relevancia desde las primeras denuncias, ya que, según testimonios publicados durante la investigación, la relación de Vanesa con su hermano y sus supuestos contactos políticos formaban parte del contexto en el que algunas personas habrían confiado en las promesas de acceso a viviendas.
Cómo habría funcionado la presunta maniobra
Según la hipótesis fiscal, entre abril de 2023 y febrero de 2024, Vanesa Fita habría simulado ser intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas. La acusación sostiene que ofrecía la posibilidad de acceder a casas construidas o próximas a construirse y afirmaba contar con contactos con funcionarios públicos, pese a que no tenía autorización vigente ni recursos suficientes para concretar las adjudicaciones.
De acuerdo con el fiscal Cárcamo, los interesados debían entregar inicialmente $100.000 y luego efectuar otros pagos que se presentaban como cuotas destinadas al IPV. Posteriormente, eran incorporados a grupos de WhatsApp y recibían comunicaciones y participaban de reuniones que, según la Fiscalía, sostenían la expectativa de obtener una vivienda.
Para respaldar la acusación, los investigadores reunieron 80 denuncias de presuntos damnificados, comprobantes de pagos, conversaciones digitales y registros de encuentros. También analizaron alrededor de 700 gigabytes de documentación, incluidos movimientos bancarios, información extraída de teléfonos secuestrados y datos fiscales.
Las otras cuatro mujeres acusadas y los próximos pasos
Además de Vanesa Fita, la acusación alcanza a Lucía Lorena Miranda, Gisela Belén Mancilla, María Victoria Curán y Camila Páez. La Fiscalía atribuye a Fita al menos 594 hechos de estafa por calidad simulada e influencia mentida, en concurso real, como presunta autora.
A Miranda le atribuye 130 hechos; a Mancilla, al menos cuatro; a Páez, 300; y a Curán, 400. Para las cuatro, sostiene una presunta participación necesaria en las maniobras investigadas.
Tras la presentación de la acusación, las defensas podrán responder al planteo fiscal y luego se designará al juez que intervendrá en la audiencia intermedia, previa a un eventual juicio por jurados.
Por el momento, las cinco imputadas continúan en libertad. La acusación constituye un avance procesal, pero la responsabilidad penal de cada una deberá determinarse en las siguientes etapas judiciales.
