Una vez más se dio difusión en redes sociales a la identidad de algunas de las últimas personas que fueron diagnosticadas como portadoras del COVID-19. Las publicaciones están plagadas de informaciones falsas. El Ministerio Público Fiscal recuerda a la población que únicamente los operadores de la salud son los encargados de establecer quiénes son los contactos estrechos de los pacientes positivos y disponer las medidas de aislamiento pertinentes. Esta tarea nunca se realiza a través de las redes sociales.
La difusión de los datos de la persona afectada, sus imágenes y/o filmaciones podrían constituir delito previstos en los artículos 156 y 157 del Código Penal. En tal sentido se iniciaron investigaciones en Comodoro Rivadavia y en Rawson y no se descarta la apertura de nuevos legajos de investigación en relación a las recientes vulneraciones al derecho a la intimidad.
Cuando la información fuera debelada por un funcionario público, se trata de un delito de acción pública por lo que el Ministerio Público Fiscal actúa de oficio. Por otra parte, en el contexto actual es fundamental reservar la identidad de los pacientes para preservarlos de reacciones de carácter discriminatorio.
Por ello la justicia ya se encuentra investigando a las personas que hicieron circular por redes sociales la identidad de las personas enfermas de COVID-19. A las cuales se les aplicará todo el rigor del caso.
