El Gobierno modificó la distribución de los fondos que se recaudan a través del Impuesto PAIS y determinó un recorte casi total en la partida destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que es administrado por movimientos sociales.
Según el decreto 193/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la asignación específica del 30% establecida en la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública será distribuida, de ahora en más, de la siguiente manera:
– Al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por decreto en diciembre de 2019 para el financiamiento de obras de vivienda social: 1%.
– A obras de infraestructura económica: 94%.
– Al fomento del turismo nacional: 5%.
El Impuesto PAIS fue creado por aquella ley, que estableció que lo recaudado -en base a operaciones de compra de moneda extranjera- sería distribuido por el Poder Ejecutivo conforme a distintas prioridades.
Pero ahora el Gobierno consideró que “corresponde efectuar modificaciones en torno a los porcentajes de distribución que les corresponden a determinados organismos”.
En 2020 y por decreto, el ex presidente Alberto Fernández estableció que de lo recaudado por ese impuesto, el 65% iría a obras de infraestructura económica, el 30% al FISU y el 5% restante al turismo.
Ahora, del 9% del total recaudado que percibían los movimientos sociales, recibirán desde este lunes apenas 0,3%. El FISU, que en la actualidad es administrado por el Ministerio de Capital Humano, tiene por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares para crear lotes con servicios.
Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones.
Los movimientos sociales beneficiados por los recursos están nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.
Durante las últimas semanas, el FISU fue el eje de una polémica fomentada desde el Gobierno, quien dio a entender que era una “caja negra” de dirigentes como Grabois.
Sin embargo, el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, aseguró que no se hallaron pruebas que justifiquen las acusaciones.
“En el poco tiempo que llevo, he hablado con intendentes de distintos signos políticos y no he encontrado a ninguno quejándose, ni con críticas; es más, si ésta no fue la única Secretaría que funcionó bien durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Estoy viendo que hay más de 1.200 obras en ejecución con un presupuesto ejecutado en más del 80%”, enfatizó el funcionario.
