El Gobierno prorrogó por un año la intervención de los medios de comunicación públicos, Radio y Televisión Argentina S. A. U. y Contenidos Artísticos e Informativos S. A. U., hasta el 1 de febrero de 2027.
La decisión quedó oficializada mediante la publicacicón del decreto 79/2026 en el Boletín Oficial. Según argumentan, esta renovación surge luego de que el Poder Ejecutivo analizara la marcha del proceso de reorganización de estas empresas públicas y consideraran que “resulta necesario prorrogar por el término de 365 días la intervención” para “completar los procesos en curso”, fortalecer las capacidades operativas y dar “previsibilidad” en los procedimientos de gestión.
A su vez, ratificaron a Carlos María Curci González, como quien dirigirá este proceso un año más. Curci González asumió el cargo en agosto de 2025 y, desde entonces, está a cargo de realizar una revisión profunda de los procedimientos internos y la conducción en la transformación de las señales estatales en sociedades anónimas.
La intervención de estos medios no es nueva. El Decreto 117, dictado en febrero de 2024, dispuso un año de intervención, con la posibilidad de prorrogarlo sólo una vez. En 2025, una decisión administrativa amplió el plazo. Ahora, el Poder Ejecutivo tomó el máximo permitido.
Desde el oficialismo afirmaron que “las tareas asignadas a la intervención, vinculadas al relevamiento, análisis y revisión de los procedimientos sustantivos y operativos del organismo, se encuentran actualmente en curso de ejecución”.
En este sentido, el Ejecutivo argumentó que la medida busca “garantizar la coherencia técnica de los mecanismos de fiscalización y control” y “contribuir a los objetivos de la política pública” determinados por la actual administración nacional.
La intervención abarca tanto la Televisión Pública como las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV y las plataformas digitales que dependen de la ex Contenidos Públicos Sociedad del Estado.
Estos cambios están amparado por el “artículo 48 del Decreto 70/23”, que ordenó la transformación de sociedades estatales en sociedades anónimas adaptadas a la Ley General de Sociedades. Siguiendo esa hoja de ruta, el Estado retiene el control y la supervisión directa, mientras revisa la viabilidad y el funcionamiento de cada señal.
De acuerdo con el texto firmado por Milei y refrendado por Adorni, el asesoramiento jurídico correspondiente convalidó la continuidad, tras detallar “la complejidad de la tarea encomendada”.
La prórroga también responde, según el decreto, a un proceso de “fortalecimiento y consolidación institucional derivado de la nueva estructura orgánica” de los medios intervenidos. El objetivo declarado es terminar la reorganización y asegurar el funcionamiento “en consonancia con los lineamientos de política pública establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Fuente: Infobae
