Opinión: «Política y Economía, la brecha trágica» por Jorge Sánchez
En silencio, aunque más claro ahora por efecto de la crisis sanitaria, la economía argentina ha comenzado a descapitalizarse. A falta de inversiones estará expuesta a dificultades crecientes para reponer su capital físico. Más grave aún, con universidades cerradas hace más de un año y servicios educativos discontinuados como es el caso de Chubut en los últimos tres ciclos lectivos, también comenzará a horadarse su capital humano. Sin inversiones apreciables y con calificaciones profesionales en deterioro, las capacidades de la economía regional para hacer frente a los desafíos que le impone la transformación digital estarán expuestas a la insuficiencia.
Aunque sea silencioso, no se trata de un fenómeno nuevo. El producto bruto argentino cae hace más de diez años. Comparado con el de los países vecinos, en el tiempo ha crecido menos. Atestigua una competitividad en retroceso. En relación a su valor per cápita también cae de manera sistemática.
Indicador del creciente empobrecimiento que este año finalmente nos escandaliza. La inflación desterrada en los noventa, se reinstaló en los primeros años del nuevo siglo para impactar desde entonces y de manera creciente sobre salarios reales, la formación de precios, el tipo de cambio y las finanzas públicas.
La condición verdaderamente dramática de las cosas ya no puede ocultarse en retoricas oficialistas u opositoras prometiendo un tiempo próximo capaz de disolver angustias. Ni aún en regiones como la patagónica casi sin antecedentes de pobreza e indigencia. Sus exportaciones, basadas en commodity y que representan una porción mínima de las commodity argentinas, cayeron con la retracción generalizada de 2020. Esos mercados están en proceso de cambio y la inserción de la economía regional estará mediada por nuevas variables comentamos semanas atrás. A la par, la pobreza y la indigencia han venido creciendo en los últimos años. La cuarentena solo las hizo más visibles. Los signos de deterioro se hicieron más claros.
Los remedios del oneroso cuadro que hemos generado no son inmediatos ni lineales. Esto es, no se resuelven en un período de gobierno nacional o provincial, ni por la voluntad de un grupo de planificadores brillantes. Dependen de los incentivos institucionales que en el tiempo configuran la medida de la estabilidad macroeconómica, el clima de negocios asociado, la seguridad de los contratos y en general la confianza en el futuro de proyectos particulares. De ello resultan los niveles de actividad y empleo, traccionados por la inversión.
Esta es la imbricación entre instituciones y procesos de mercado. Relación en general poco estudiada, aunque promisoria para analizar casos.
La circunstancia de las elecciones de medio término puede ayudar a la reflexión. Dominando la actualidad, parece enfrentarnos a una disyunción entre el proyecto oficialista que se pretende como progresista y el constitucionalismo que comparten segmentos importantes de las formaciones partidarias nacionales. Aunque la distancia entre esas alternativas no es precisamente de matices, sus promotores podrían compartir la misma noción de acción política.
La acción de los dirigentes es un tipo de acción humana. Como tal persigue la satisfacción del interés particular del agente. Se adapta a los incentivos imperantes en cada circunstancia, lugar o época. Generalmente, la acción política en regímenes representativos gira en torno a la movilización masiva de voluntades para hacerse con el control del aparato estatal o participar de él. Una vez allí y en juegos de suma cero frecuentemente, la acción política procura destinar recursos públicos y facilidades de manera discrecional hacia sectores o causas que le procuren aprobación, a menudo sin controles constitucionales y con el fin de sobrevivir en el escenario político. No hay función orientada a empoderar organizaciones de la sociedad civil, sino más bien hacia su cooptación bajo esquemas de tipo clientelar.
Las derivas autoritarias tienen en esta circunstancia un facilitador. La construcción de retóricas confrontativas que proponen un enemigo común para movilizar masas electorales ha dado resultado varias veces entre nosotros. Para mantenerlo requiere de una relación entre líder y seguidores sin mediaciones institucionales, cuando estas se orientan al control del gobierno precisamente. Por efecto de la distancia con la sociedad civil, la agenda de políticas es propuesta por un grupo reducido de ideólogos y planificadores completamente alineados y que se asumen en comprensión de las circunstancias que se proponen intervenir. Dedican recursos públicos a iniciativas soportadas en móviles ideológicos casi exclusivamente.
En la enorme distancia entre los incentivos institucionales resultantes y los procesos económicos reales es donde debe buscarse una explicación de nuestro trágico desempeño colectivo. La acción política reducida al uso discrecional de recursos públicos, ajena a los procesos de mercado o constreñida por móviles ideológicos se ha dado de bruces sistemáticamente contra las posibilidades de propiciar un entorno estable que favorezca la generación de nuevas actividades y empleo. No puede perderse de vista ya que política y economía tratan de dimensiones de un mismo proceso de coordinación social. Decisiones en una dimensión impactan en la otra de manera irremediable e independientemente de nuestra comprensión e incluso de nuestra voluntad. Nuestra historia económica atestigua la repetición constante de políticas en perspectiva de corto plazo y siempre contraproducentes al final.
En el plano regional foco de esta columna, como corroboran algunas investigaciones las iniciativas por promover actividades económicas ensayadas desde finales de los noventa no han tenido impacto real sobre nuevas actividades o el empleo. En lo particular se basaron en una serie de supuestos que las limitaron en sus efectos. En lo general constituyeron asignaciones de recursos económicos, humanos y materiales ajenas a los procesos de mercado de nuestra economía y sus restricciones.
