Amnistía Internacional lanzó una acción de firmas global llamada Acción Urgente (AU) para pedir a la justicia argentina que no se criminalice a las personas por protestar. Durante las manifestaciones del 12 de junio contra la ley “Bases”, 33 personas fueron detenidas y acusadas de delitos que usualmente son utilizados para criminalizar el derecho a la protesta social, tales como resistencia a la autoridad, intimidación pública, sedición, e incluso terrorismo. Si bien la mayoría de las personas fueron liberadas, el proceso penal continúa.
La AU está dirigida a Carlos Stornelli, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal No. 4, con el objetivo de que retire las acusaciones contra aquellos manifestantes que ese 12 junio en la zona de congreso marcharon pacíficamente.
En el marco de un importante operativo policial en varias imágenes «se observó el accionar violento de las fuerzas policiales al llevar a cabo las detenciones, así como el uso ilegítimo de armas menos letales, tales como gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes que causaron lesiones injustificadas», indicaron desde un comunicado de Amnistía.
Además agregaron, «preocupan especialmente los mensajes criminalizantes por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, asociando la protesta pacífica frente al Congreso Nacional con actos de «terrorismo» y «golpe de Estado» ya que ponen en peligro a nuestra vida democrática».
“Frente a una sociedad movilizada, cada mensaje que las autoridades emiten puede generar impacto directo en el ejercicio de derechos protegidos constitucionalmente. En un país con equilibrio de poderes, el Judicial cumple un rol central frente a las extralimitaciones de un Poder Ejecutivo que busca silenciar y reprimir con violencia. Por eso, a través de nuestra Acción Urgente llamamos a que la justicia brinde una respuesta inmediata y ponga fin a la persecución de quienes utilizan a las manifestaciones como un canal legítimo de denuncia”, manifestó Mariela Belski, directora adjunta de Amnistía Internacional.
Algunas de las personas detenidas ni siquiera llegaron a la plaza del Congreso y fueron aprehendidas antes de sumarse a la manifestación. Otras fueron detenidas cuando se retiraban de la zona a varias cuadras de la Plaza del Congreso. El fiscal solicitó la detención y acusó a 33 personas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, acusándolas de “terroristas”. Entre los detenidos había vendedores ambulantes, estudiantes, músicos y docentes. Si bien de estas 33 personas, 5 continúan detenidas, el proceso penal continúa contra todas ellas.
Asimismo, la Acción Urgente es remitida a los órganos internacionales de protección de derechos humanos de la OEA y Naciones Unidas, como la Relatoría Especial sobre libertad de opinión y de expresión; la Relatoría Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión.
