La Asociación Civil de la Magistratura y del Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut, expresa su profunda preocupación ante las reiteradas descalificaciones de diversos funcionarios públicos integrantes de los poderes legislativo de la provincia y de la nación, haciendo referencia a decisiones judiciales adoptadas por magistrados/as integrantes del Ministerio Público Fiscal o de la Judicatura, sin conocer ni evaluar los fundamentos que en cada caso se han tenido en consideración para requerir o resolver de determinada manera.
Cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos. Los disensos forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública. Por el contrario, las descalificaciones de las decisiones judiciales, a integrantes de la magistratura, las amenazas con promoción de juicios políticos o de sanciones mediáticas, son acciones que deslegitiman y debilitan los sistemas judiciales y propician que la ciudadanía respete cada vez menos a la institución judicial y no recurra a ella como garantía de sus derechos.
Es importante señalar que tanto la corrupción pública como el crecimiento del número de delitos contra la propiedad, que afectan la vida de todas las personas que integran la sociedad que conformamos, no sólo nos preocupa sobremanera sino que, fundamentalmente, nos ocupa adoptando diversas medidas que signifiquen aumentar la capacidad de respuesta de los tribunales.
No desconocemos la falta de confianza de la población en el Poder Judicial. Esa situación nos interpela diariamente a buscar soluciones que permitan corregir los errores en la gestión de casos, en aras de agilizar los procedimientos y dar una respuesta eficaz y en tiempo oportuno a los/as justiciables.
En cuanto a los errores que pudieran contener las decisiones que se adopten en cada coso concreto, no puede soslayarse que el Poder Judicial es el único poder del Estado que garantiza la revisión de las resoluciones dictadas por sus integrantes. Pero además existen los mecanismos legales y constitucionales para que las personas afectadas por la decisión realicen la denuncia pertinente ante los organismos de control y estos resuelvan si existió o no un incumplimiento funcional y – su caso- apliquen las sanciones que correspondan.
Nunca la diatriba puede constituir el camino para la realización de la Justicia, menos aun cuando emana de un alto funcionario del Poder Ejecutivo, que como tal, tiene la obligación institucional de respetar la independencia judicial y evitar que, merced a sus palabras, se confunda a la ciudadanía y se ahonde la desconfianza generalizada en las instituciones del país.
La solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial.
Los jueces y juezas, estamos obligados a preservar la paz social y en esa faena propiciar un clima de confianza para la ciudadanía, controlando que el accionar de los demás poderes se ajuste a la Constitución, tutelando las instituciones y defendiendo los derechos individuales de todas las personas.
