La Fiscalía de Puerto Madryn difundió su balance anual y confirmó un dato contundente: en 2025 se lograron 138 condenas por delitos sexuales y violencia de género, lo que equivale a más de una sentencia cada tres días. El registro refleja un año de investigaciones complejas, intervenciones urgentes y un trabajo articulado que permitió avanzar en casos de alta sensibilidad.
El área especializada está integrada por las fiscales Angélica Cárcano, Anya Puchetta y Romina Carrizo, acompañadas por los funcionarios Emiliano Otero, Carla Pecorini y Camila Martinovic. A lo largo del año, el equipo fortaleció una estructura interdisciplinaria en permanente coordinación con la Comisaría de la Mujer, el Equipo Técnico Interdisciplinario, el Servicio de Asistencia a la Víctima y distintas instituciones dedicadas al acompañamiento de personas en situación de violencia.
“Estos casos exigen sensibilidad, rigor técnico y respuestas rápidas. Cada condena es el resultado de una investigación seria y un acompañamiento respetuoso hacia las víctimas”, remarcaron desde la Fiscalía.
Investigaciones, medidas urgentes y herramientas clave
Durante 2025 se avanzó en investigaciones por abuso sexual, violencia en vínculos afectivos, grooming y violencia digital. En paralelo, se dispusieron medidas de protección inmediatas, desde exclusiones del hogar y prohibiciones de contacto hasta prisiones preventivas para abordar situaciones de riesgo crítico.
La producción de prueba se vio fortalecida por el uso de Cámara Gesell, pericias psicológicas y médicas, además de operativos conjuntos con la Comisaría de la Mujer. El trabajo coordinado permitió reducir en un 80% los tiempos de las entrevistas en Cámara Gesell, una herramienta clave para evitar la revictimización.
Un año marcado por el trabajo con perspectiva de género
Las intervenciones se desarrollaron bajo criterios de perspectiva de género, priorizando la escucha activa, el trato respetuoso y el acompañamiento durante todo el proceso judicial.
Según el Ministerio Público Fiscal, las denuncias del año incluyeron casos especialmente complejos, muchos de ellos vinculados a entornos familiares cercanos. La combinación de investigaciones profundas, medidas de resguardo urgentes y trabajo en red derivó en 138 condenas, de las cuales la mitad corresponde a penas de efectivo cumplimiento.
Para la Fiscalía, este resultado representa no solo eficiencia investigativa, sino también una forma de reparación simbólica y judicial para las víctimas, en un año marcado por la intervención constante frente a hechos de violencia sexual y de género.
