Un caso de mala praxis médica terminó con una condena civil y una indemnización para una mujer que en 2016 fue sometida a una cesárea programada y, durante la intervención, le dejaron una gasa en el abdomen. El hecho le provocó graves complicaciones de salud, varias cirugías posteriores y secuelas que persisten hasta la actualidad.
Por el episodio fueron hallados responsables la médica interviniente, el sanatorio privado donde se realizó el parto y la empresa de medicina prepaga.
Según la denuncia, la paciente dio a luz en diciembre de 2016 y recibió el alta dos días después sin aparentes complicaciones. Sin embargo, tiempo más tarde comenzó a presentar vómitos, cefalea, hipotensión, dolor y distensión abdominal, por lo que acudió a una guardia hospitalaria.
Allí solicitó la realización de una tomografía, pero el estudio fue rechazado y fue enviada nuevamente a su domicilio. Los síntomas continuaron y, dos meses después de la cesárea, acudió a otro centro de salud donde finalmente le realizaron el estudio.
La tomografía reveló la presencia de una gasa quirúrgica de aproximadamente 30 por 30 centímetros dentro del abdomen, elemento que había quedado en el interior del cuerpo durante la operación. A raíz de ello debió ser intervenida de urgencia en dos oportunidades.
Tras su recuperación, la mujer inició una demanda por mala praxis. El perito médico oficial confirmó que el material quirúrgico fue dejado durante la cesárea y señaló que, aun cuando el protocolo registrara un conteo “correcto”, ello no descartaba la posibilidad de que haya quedado dentro del campo quirúrgico.
El informe pericial también determinó que la paciente presenta secuelas físicas con una incapacidad parcial y permanente estimada en un 45%.
El magistrado consideró esa pericia como prueba central y recordó que, en materia de responsabilidad médica, incluso una culpa leve puede generar la obligación de resarcir cuando están comprometidas la salud y la vida del paciente.
Finalmente, el tribunal hizo lugar a la demanda y ordenó indemnizar a la damnificada con una suma superior a siete millones de pesos, más intereses y costas judiciales.
