La Fiscalía pidió una pena de cuatro años de prisión para Carlos Rivas, acusado de arrojar alimentos con carbofurán que provocaron la muerte de los perros Samy, Lupe y Manija, en un hecho ocurrido en marzo de 2025 en el barrio La Isla. La querella solicitó, en tanto, cinco años de prisión, mientras que la defensa reclamó la absolución del imputado.
El pedido fue realizado durante los alegatos finales ante la jueza Eve Ponce, en el marco del juicio llevado adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Derecho Animal (UFE AyDA).
Según la acusación, el 1 de marzo de 2025, alrededor de las 21:40, Rivas habría arrojado embutidos preparados con carbofurán y carbofurán fenol en un baldío ubicado junto al lote de Alan Martini, sobre calle Los Tamariscos.
La Fiscalía sostuvo que el alimento fue utilizado deliberadamente como cebo para provocar la ingesta del tóxico por parte de los tres animales. Para respaldar esa hipótesis, presentó registros de cámaras de seguridad, análisis de antenas telefónicas, la reconstrucción del recorrido realizado por Rivas y testimonios incorporados durante el debate.
Uno de los principales elementos de prueba fue el análisis toxicológico. La sustancia fue detectada tanto en el embutido utilizado como cebo como en muestras obtenidas de los tres perros. De acuerdo con la Fiscalía, un informe del SENASA determinó que la concentración encontrada era masiva y compatible con una contaminación intencional.
Entre los valores mencionados durante el alegato, se registraron 276,02 miligramos de carbofurán en el embutido y 39,25 miligramos en una muestra tomada de Manija. La Fiscalía señaló que esas concentraciones superaban aproximadamente 20 veces la dosis letal media, según la especialista en Toxicología del Hospital Posadas.
La pericia veterinaria, además, describió los efectos que la intoxicación produjo en los animales, entre ellos salivación excesiva, diarrea, hemorragia gástrica, temblores musculares y pedaleo antes de la muerte.
Con esos elementos, la UFE AyDA sostuvo que se trató de malos tratos y actos de crueldad animal, en concurso con la normativa vinculada al uso y disposición de sustancias peligrosas. También señaló que la utilización de carbofurán en una zona urbana implicaba un potencial riesgo para otras personas, animales y el ambiente.
La defensa pidió la absolución
El defensor de Rivas, Pablo Sánchez, cuestionó la hipótesis de la Fiscalía y sostuvo que la investigación se concentró en una única línea sin profundizar otras posibilidades.
Entre sus principales argumentos, afirmó que no se acreditó quién compró el veneno ni que los elementos arrojados por Rivas fueran efectivamente una riestra de chorizos con el tóxico.
También cuestionó que las cámaras no registraran el momento en que los perros ingerían los alimentos ni la posterior búsqueda de los restos por parte del propietario. “No hay certeza positiva sobre dónde, ni cuándo, ni cómo los perros ingirieron el cebo con el veneno”, planteó durante su alegato.
Sánchez también destacó la ausencia de conflictos previos entre Rivas y los vecinos del predio y pidió que el acusado sea absuelto.
La Fiscalía y el querellante respondieron a los planteos de la defensa y sostuvieron la hipótesis de que Rivas fue quien arrojó los alimentos contaminados.
La querella pidió cinco años
El abogado querellante, Romano Cominetti, quien representa al propietario de los animales, adhirió a los principales argumentos de la Fiscalía y sostuvo que las pruebas reunidas permiten establecer que Rivas arrojó los chorizos que contenían el veneno que provocó la muerte de los tres perros.
Cominetti destacó los registros de las cámaras de seguridad, los informes sobre las antenas telefónicas y los testimonios de los profesionales que analizaron el momento en que los animales habrían ingerido el tóxico.
Además, remarcó el riesgo potencial que representa el carbofurán para otras especies y para las personas, y calificó como “argumentos de fantasía” algunas de las explicaciones brindadas por Rivas durante el proceso.
Por esos motivos, la querella solicitó una pena de cinco años de prisión.
Durante la audiencia, Alan Martini, propietario de los animales, pidió que se conozca la verdad y que el caso sirva como ejemplo para su hija. También reclamó que no se minimice el hecho por tratarse de mascotas.
Rivas, por su parte, volvió a sostener su inocencia.
Ahora, la jueza Eve Ponce deberá resolver el caso. Según se informó, se tomará el plazo legal para dar a conocer el veredicto, que será comunicado a las partes de manera virtual.
