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Coronavirus

Se colocó tres dosis contra el Covid, quedó en silla de ruedas y ahora presentó una demanda contra AstraZeneca y el Estado Nacional

Los tribunales argentinos ya recibieron la primera demanda pública contra la vacuna AstraZeneca, que hace unas semanas reconoció frente a un tribunal británico que su vacuna del COVID-19 puede causar efectos secundarios poco comunes.

La protagonista es una mujer que demandó por daños y perjuicios a la firma AstraZeneca y al Estado Nacional y reclama una suma millonaria: sostiene que inmediatamente después de haberse dado la vacuna de esa marca sufrió Síndrome de Guillain Barre, un trastorno que afecta el sistema inmunitario del organismo, ataca los nervios y puede provocar la paralización de todo el cuerpo.

Aunque se difundió recién ahora, el reclamo comenzó mucho antes de que en Europa se conociera el reconocimiento de AstraZeneca y el retiro de partidas de su circulación. El reclamo de Flavia Ochoa, de 39 años, oriunda de Coronel Moldes, en el sur de la provincia de Córdoba, se inició primero en un trámite administrativo ante el Ministerio de Salud. Sin conseguir respuestas, llegó ahora a los tribunales federales de Río Cuarto, donde además se busca que se declare la inconstitucionalidad de uno de los artículos que de la Ley de Vacunas para generar inmunidad contra el COVID por las condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones.

El abogado Pablo Roca, representante de la mujer, sostuvo ante Infobae: “Acá hubo un daño a la fe pública y al sistema de salud en general provocado por AstraZeneca”. La demanda reclama resarcimientos por distintos daños: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente; 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573; 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance; 7,5 millones de pesos por daño moral; 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja; 49,5 millones de pesos por daño punitivo y 180.000 pesos por daño emergente.

La mujer declaró en la demanda, “El día 04 de Enero de 2022 a las 11:30 hs., siguiendo fielmente las recomendaciones de ‘expertos’, acudí al centro de vacunación de Coronel Moldes que funcionaba en la casa de la historia y de la cultura, y me inocule la 3ra. dosis de la vacuna contra el Covid 19, marca ASTRAZENECA lote 77946, la inoculación la suministró el lic. en enfermería Pascheta, Franco Mat. 1-3078. A posteriori a las 19:30 Hs. del mismo día comencé con calambres fuertes, se me aflojaban las piernas, luego me tuve que acostar temprano por los fuertes dolores que padecía, al otro día no pude ponerme de pie, me caí en peso muerto, tuvo que levantarme mi pareja. Consultando a mi médico de cabecera, la doctora. me dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna que me había inoculado, pues cuando acudí al hospital de mi pueblo (Coronel Moldes) me confirmaron que se trataba de una reacción a la vacuna”, comienza.

“La inoculación fue producto de la gran presión social, laboral, de los medios de comunicación y coacción ejercida desde el mismo ESTADO, pues no tuve otra opción que inocularme, de lo contrario perdía mi trabajo”, afirma la demanda. “Confíe en el consejo de los ‘expertos’, por esa errónea decisión de inocularme, perdí mucho más que mi trabajo, me arrebataron la vida, soy madre de un nene de 5 años, jamás fui informada y tampoco se me advirtió que podría sufrir efectos adversos, como asimismo de los riesgos /beneficios de la inoculación, no hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción”.

Según se sostuvo, “el llamado pasaporte sanitario fue lisa y llanamente un instrumento de intimidación en los términos del Art. 276 C.C.C.”. Y agregó: “Así, en ese contexto me inoculé una droga experimental que posee cláusula de indemnidad patrimonial y confidencialidad del contenido de los viales, pues la primera impide acciones contra sus fabricantes, la segunda conocer acabadamente el contenido de los viales, se violó flagrantemente mi consentimiento informado, se me acorraló entre dos opciones, o me inoculaba o caso contrario se me decretaba la muerte civil”.

En ese sentido, el documento aseveró: “El Estado actuó de manera negligente y culpable, rozando el dolo eventual, ya que obró de mala fe desconociendo y haciendo caso omiso a todas las garantías que requiere la inoculación de drogas experimentales, violando todos los tratados internacionales vigentes, priman los intereses del mercado frente las obligaciones con los ciudadanos y el respeto a los tratados Internacionales. El Propio Anthony Fauci reconoce que una vacuna ARMN necesita al menos de una década para ser segura”.

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